Por Rodrigo Alba

Que “los niños primero” no sea solo un slogan

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A mediados de año se dio a conocer en nuestro país el informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, un informe que señala que Chile durante casi 40 años de historia ha violado los derechos de miles de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que han transitado por los centro de administración directa de Servicio Nacional de Menores, SENAME. Servicio que fue creado en el año 1979 por Decreto de Ley N° 2.465, dependiente del Ministerio de Justicia y cuyo rol principal es el de proteger el derecho de los NNA de nuestro país. Es por su fundamento y propósito que hoy se le sindica como el responsable de las muertes de gran número de NNA dentro de sus centros de residencia.

Es importante poder destacar algunos elementos que menciona el Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, pues ayudará a comprender la relevancia que tienen estas apreciaciones en el ámbito de infancia.

En la legislación chilena sobre infancia subsisten un grupo de leyes que se refieren a los derechos de los NNA como lo son la ley de Menores N° 16.618 del año 1967 y la Convención de Derechos del Niño (CDN) ratificada por Chile en el año 1990. Es en este último punto donde el informe del Comité de Naciones Unidas visualizó uno de los problemas que existe en Chile, evidenciando la tensión entre los conceptos de nuestra legislación y del Derecho Internacional, debido a que la Ley de Menores reconoce a los NNA como “Objetos de Protección” y el Derecho Internacional como “Sujetos de Derecho”. La visión de nuestra ley ha determinado durante los últimos 40 años las políticas públicas de infancia en Chile, lo que ha resultado catastrófico para nuestro país, dando cabida a las violaciones graves y sistemáticas que denuncia este informe, señalando la  responsabilidad del Estado de Chile, de ser el fiador de las violaciones a estos derechos llamándolo a reparar y restituir los derechos de los NNA, dando énfasis en cuatro causas estructurales que han favorecido este complejo escenario:

  • La visión tutelar de la infancia.
  • Una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado.
  • Excesiva judicialización del sistema.
  • Insuficiencia de recursos humanos técnicos y financieros del sistema.

La gravedad se acentúa cuando el Informe señala que todo lo expuesto era de conocimiento de las autoridades chilenas, existiendo diversos informes e instancias sobre esta problemática en el país. Como el informe final de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados del año 2013, la Comisión de investigación de la Cámara de Diputados en el año 2017 y el Informe Jeldres del año 2012. Es decir no se habían agilizado mayores gestiones hasta la fecha para hacer cambios sustanciales al sistema.

El actual gobierno ha propiciado instancias sobre la problemática como lo es “el Acuerdo Nacional por la Infancia”, el cual luego de dos meses de reuniones con políticos de todos los sectores, propuso 94 acuerdos en un documento que fue presentado por el propio Presidente a finales de mayo de este año, junto con el anuncio del cierre del Cread de Playa Ancha (observación que había formulado también Naciones Unidas en el año 2017) por las graves deficiencias en todas las mediciones que se le realizaron. Desde allí, en Valparaíso, el Presidente da a conocer  la decisión de cambiar el Servicio Nacional de Menores por el nuevo Servicio de Protección de la Niñez, el cual busca dar mayor énfasis al trabajo con la familia, más protección a los niños, creando residencias más pequeñas en número y personal más calificado, lo cual aún debe ser legislado en el Congreso Nacional, donde ya surgieron las primeras oposiciones, lo que podría obstaculizar su aprobación.

En consideración a lo anterior, el problema de la infancia en Chile es de tal envergadura que no ha podido ni podrá ser resuelta desde una visión política partidista, donde las rencillas por pequeñeces abundan y las ansias de poder quedan a la vista. Se necesita una voz mucho más potente, más grande, se requiere la voz de la sociedad civil, se precisa del involucramiento de aquellos a los que nos interesa la infancia, para dar respuestas y facilitar soluciones al problema. En una sociedad llena de otras problemáticas, urge no solo quedarnos en opiniones, sino que también sumarnos a acciones concretas en temas de infancia, Somos invitados a entender la infancia como el presente de la sociedad, donde la  opinión de los NNA debe ser considerada, donde pueden vivir libremente de acuerdo a sus derechos y deberes, donde el adulto se relaciona con ellos desde el respeto, la protección y la ayuda para cumplir sus sueños, donde los NNA no son un medio para lograr un fin, sino que son un fin en sí mimos, y deben ser escuchados en sus diferentes realidades.

Es en este contexto, donde nosotros como comunidad cristiana, que hace parte de esta sociedad civil, tenemos un rol clave, pues fue el mismo Jesús quien nos convocó y enseñó a poner a los niños primero cuando dijo: “porque de ellos es el reino de los cielos”, además de enseñar a sus discípulos que quien quiera ser “el mayor” debe ser como un niño ante Dios. Si el mismo Jesús le dio la importancia que los niños merecían en la sociedad hebrea de época, creo que como cristianos no podemos sino seguir su ejemplo hoy en día.

Finalmente, llama mi atención la escasa difusión y poco interés de la opinión pública ante la gravedad de lo expresado en este informe, considerando que nuestro país tiene una historia reciente de violaciones a los derechos humanos y que existen instituciones que velan hoy por estos derechos. Pero mientras toda esta indiferencia de la sociedad civil y los pleitos políticos siguen creciendo, los niños siguen en centros residenciales administrados por el Estado, donde sus derechos fundamentales son vulnerados.

Pareciera que todavía los niños no son primero en nuestro país.

Rodrigo Alba Lizana
Técnico Jurídico

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